Litio: un exministro denuncia la primarización de la economía

El 19 de noviembre de 2023, Argentina dio un vuelco. Desde entonces la gobierna un presidente que defiende un modelo extractivista y antiindustrial. Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología entre 2019 y 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández, puede dar testimonio de ello con todo detalle. En 2021 y 2022 presidió, en efecto, las empresas YPF Tecnología (Y-TEC) y luego YPF Litio, que trabajaban a favor de la industrialización del litio. Nos cuenta aquí las distintas etapas de un proyecto nacido a principios de la década de 2010, y cómo fue frenado en seco tras la llegada al poder de Javier Milei. Para el exministro, «el viejo esquema colonial se repite. El valor agregado se genera en los países desarrollados y nosotros ponemos la materia prima».

¿Cuándo nace el proyecto de industrialización del litio en Argentina?

La idea de escalar en la cadena de valor de las baterías eléctricas surge a principios de la década de 2010, durante la presidencia de Cristina Kirchner. «Tenemos el litio, ¿por qué no fabricar las baterías?», planteaba la presidenta ante un auditorio de científicos. Fue el comienzo de un largo camino lleno de obstáculos. En 2012 se creó la empresa YPF Tecnología, o Y-TEC, en la que unos años más tarde se instaló una planta piloto que produjo las primeras celdas experimentales de baterías de ion-litio. La verdadera ruptura llegó después, con la llegada de Gabriel Boric en Chile y de Alberto Fernández en Argentina. Se produjo una coincidencia de miradas entre ambos países, que empezaron a pensar la cadena de valor completa del litio. Ya no se trataba solo de pasar de la salmuera al carbonato, lo que ya suponía un valor agregado, sino de ir más allá, hasta la fabricación de componentes eléctricos. Chile ya reservaba para la industrialización una parte de su producción, aproximadamente un 12 %. En Argentina, los primeros resultados llegaron dos años después de la asunción de Alberto Fernández, con la creación de la planta Unilib, destinada a producir celdas de baterías, esta vez a escala industrial.

¿Cómo pensaban conseguir el litio?

Faltaba, en efecto, lo esencial: la materia prima, en manos de las empresas mineras. En 2022, la estadounidense Livent aceptó vender a Y-TEC quince toneladas de carbonato de litio, lo que permitió que la planta funcionara durante un año. Fue entonces cuando surgió la idea central del proyecto: establecer a nivel nacional que una pequeña fracción de la producción de carbonato de litio (del orden del 5 al 10 %) se destinara a la industrialización en territorio argentino. Eso ya existe en Chile.

¿Cómo reaccionaron las empresas mineras extranjeras?

Las empresas extranjeras presionaron a los responsables políticos, en particular a los gobiernos provinciales, que necesitan el dinero del litio. También vimos florecer en el debate público a supuestos expertos en litio que defendían alegremente los intereses mineros. En las revistas científicas se multiplicaron los artículos que cuestionaban la viabilidad del proyecto y buscaban desacreditarlo. Argentina no tiene el cobalto ni el níquel necesarios para producir baterías, decían. O bien: la industrialización afectará las exportaciones argentinas, al reducir las inversiones mineras y el ingreso de las divisas que el país necesita. Sin embargo, el primer argumento no era pertinente, porque Unilib preveía apoyarse en la tecnología de baterías LFP (litio-hierro-fosfato), por lo que el cobalto y el níquel no eran indispensables. En cuanto al segundo, ignoraba que el proyecto solo afectaba a una fracción mínima de la producción de carbonato de litio, y no a su totalidad.

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Pero el proyecto siguió adelante. En 2022 se creó la empresa YPF Litio, con el objetivo de realizar exploraciones en los salares argentinos. Luego, en la Mesa del Litio de 2023, la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) defendió la sanción de una ley que estableciera que una fracción de la producción de carbonato de litio se destinara a la industrialización.

¿Cómo evolucionó la oposición de las empresas mineras?

Al principio era enorme, pero se fue reduciendo. Tuve la oportunidad de hablar con muchas empresas. Veían la industrialización como una amenaza para la exportación: si se industrializa, se exportará menos, eso era lo que temían. Pero les demostramos que una cosa no era incompatible con la otra. Solo un pequeño porcentaje de la producción debía reservarse para el mercado interno, la región o el Mercosur. Las empresas terminaron aceptando la idea del cupo, pero seguían siendo reacias a que la medida quedara fijada por ley. Las conversaciones siguieron su curso.

¿Cuál fue la actitud de Europa?

No nos oponíamos a que empresas extranjeras participaran en el proyecto asociadas con YPF. Podía ser, por ejemplo, una empresa italiana con YPF, pero finalmente fueron fondos de pensión alemanes los que manifestaron su interés en asociarse con Y-TEC para producir baterías LFP a gran escala en territorio argentino. Ese modelo era posible. Europa mostraba un interés innegable por nuestra propuesta, entre otras cosas porque solo tenía un proyecto minero importante en Argentina, el de Eramet. Al respecto, recuerdo muy bien un seminario de diciembre de 2023 en el que participé y en el que la Unión Europea nos había apoyado: «Los países latinoamericanos quieren industrializarse. ¿Somos capaces de pensar un plan de inversión productivo e inclusivo? Eso no quiere decir take the lithium and run», declaraba Félix Fernández-Shaw, representante de la UE para América Latina. Y añadía más tarde en los debates: «Europa no busca solo su propia transición energética, sino la del mundo entero». Ese seminario fue muy tenso. Evidentemente, las automotrices estadounidenses y chinas querían quedarse con una parte del carbonato. Es comprensible, y de hecho las empresas europeas también lo querían. Pero lo repito: no hay ninguna incompatibilidad con agregar valor en nuestro país.

¿Cómo recibieron el proyecto las provincias argentinas?

Del lado de las provincias, los avances también eran considerables. En las discusiones existía un casi consenso sobre la importancia de industrializar el sector. Solo persistían desacuerdos sobre las modalidades: las provincias temían que el Estado nacional avanzara sobre su dominio de los recursos mineros. […] Contar con el apoyo de las provincias era indispensable para nosotros, porque controlan buena parte de los diputados y senadores del Congreso.

¿Qué pasó tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada?

La llegada al poder de Javier Milei supuso un serio freno para el proyecto. Se nombró un nuevo presidente al frente de YPF, que solo tuvo ojos para la explotación del petróleo y el gas no convencionales de Vaca Muerta. De un día para otro, Y-TEC dejó de hacer anuncios públicos sobre el tema, y la SAE fue lisa y llanamente eliminada. Por mi parte, renuncié a mis dos cargos de presidente, al considerar que ya no se daban las condiciones para que el proyecto avanzara. Desde entonces, el silencio sobre el tema es ensordecedor. Un desastre. La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley sobre un cupo industrializable, en la línea de nuestra propuesta. Pero los medios lo criticaron enseguida con argumentos falsos. Aunque está en minoría en el Congreso, Javier Milei lo controla negociando con los gobernadores provinciales y sus representantes legislativos. Lo que estamos viendo es una primarización general de la economía. El viejo esquema colonial se repite. El valor agregado se genera en los países desarrollados y nosotros ponemos la materia prima.