Terremoto: 3 meses después, venezolanos abandonados a su suerte

En la carretera, a través de la ventanilla del autobús, la destrucción ya está ahí, peor que en la televisión. El calor sofocante y el aire cargado de polvo se clavan en la garganta en cuanto uno se baja, mientras policías y militares controlan toda la zona. En Caribe (La Guaira), tres meses después del doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6500 muertos, el paisaje sigue en ruinas.

Un Estado presente, pero no donde se le espera

Miles de personas siguen viviendo a la intemperie, bajo refugios provisionales. «Nos cuesta mucho respirar. Por el polvo, muchos tenemos dolores en los pulmones y en la garganta», dice un vecino desde su carpa. Y se indigna: «La mayoría de la gente aquí es pobre. Los que tienen plata tenían los edificios que mejor resistieron, y casi todos ya se fueron».

La gran mayoría de los rescatistas que buscan cuerpos bajo los edificios derrumbados no son funcionarios ni profesionales enviados por las autoridades, sino voluntarios locales, llegados de otras ciudades o del extranjero. «Yo soy rescatista voluntario desde el segundo día. Esta mañana, por ejemplo, logramos sacar cinco cadáveres», cuenta con orgullo José, vestido con un traje blanco, una mascarilla y una capucha de protección. Sin embargo, José y sus compañeros no las tienen todas consigo. «Sin ayuda, no aguantaremos mucho tiempo», advierte.

Los vecinos entrevistados señalan la actuación tardía e insuficiente del Estado, pese a su omnipresencia a través de sus puestos policiales y militares. Ante la emergencia, el Estado autoritario parece desconcertado, pero mantiene sus hábitos de vigilancia social. En los últimos meses, varios trabajadores humanitarios se han quejado de restricciones impuestas por las fuerzas del orden, medidas difícilmente aceptadas por la población en un contexto de emergencia.

El agotamiento de la solidaridad

En la maleta de un carro blanco, estacionado cerca del puesto de comida de una organización benéfica, se lee en letras grandes: «El guaireño no es una carga, es mi hermano». La placa no es de la zona. Como esta pintada, la ola de solidaridad que siguió a la tragedia fue espontánea, masiva y nacional. Permitió a los damnificados sobrevivir y no perder la esperanza.

Sin embargo, en las últimas semanas, la solidaridad se agota. Las organizaciones presentes y los grupos espontáneos de voluntarios sufren cada día más la falta de material, de voluntarios y de profesionales especializados. «El número de médicos voluntarios ha bajado mucho», lamenta Yonatan, él mismo médico voluntario en Cadena de Favores, en Playa Grande. Aun así, entiende esta evolución: «La gente vuelve a su vida, a su lucha diaria».

En un grupo de WhatsApp de rescatistas, la lista de necesidades se alarga: «linternas, rotomartillos, productos de primera necesidad, crema dental, jabón, ropa, etc.». Al recorrer la conversación, se mide el desafío logístico: lo difícil que es llevar los víveres al lugar correcto y evitar que algunos sitios reciban demasiado y otros, muy poco. Las urgencias son tantas que compiten entre sí, y los voluntarios se ven muchas veces obligados a cargar con el peso de decidir.

Estudiante de Medicina en Valencia, Oleydis viene a ayudar a La Guaira cada vez que puede. Desde sus primeras intervenciones, ha visto cómo la situación empeoraba claramente: «La gente está cada vez peor psicológicamente, peor que en los primeros días», dice con tristeza. De hecho, muchas organizaciones se dedican a este aspecto, como la fundación Payaso con Bata, que viaja regularmente desde Valencia para ofrecer a los habitantes de La Guaira cariño y abrazos gratis.

¿En un contexto de transición democrática?

Como era de esperar, el Comité Internacional de Rescate consideró que «la respuesta del Estado venezolano no estuvo a la altura de la gravedad de las necesidades humanitarias». La espectacular intervención estadounidense de enero había alimentado, sin embargo, grandes esperanzas, que tras el terremoto reavivó el secretario de Estado Marco Rubio: «La ayuda será grande, rápida y eficaz».

Tres meses después, la nueva tutela muestra sus límites. La decepción es difícil de nombrar. «Los venezolanos pensábamos al principio que había una estrategia detrás de todo esto», confiesa Hiowanka Ávila, caraqueña de cuarenta años. En enero soñaba con un cambio. Hoy le duele ver en la televisión a los generales estadounidenses codeándose con Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez.

El hermano de Hiowanka, Henryberth Rivas, es uno de los 400 presos políticos del país. Detenido desde hace ocho años, fue acusado de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro cuando participaba en manifestaciones pacíficas. Desde hace varios años, Hiowanka denuncia la detención arbitraria de su hermano, las torturas y los tratos degradantes que ha sufrido, y que siga preso pese al deterioro de su salud.

Hoy Hiowanka pasa las noches en un campamento frente a Rodeo 1, la cárcel donde está detenido su hermano, a una hora de Caracas. La última vez que fue a la administración penitenciaria a exigir la liberación de su hermano enfermo, los funcionarios presentes ese día le respondieron: «Dada la tragedia, solo estamos trabajando medio tiempo. No sea egoísta, todo el Estado venezolano está volcado en ayudar a la población de La Guaira».